El Gobierno ecuatoriano llamó a consulta popular y referéndum en medio de apagones diarios de ocho horas, una crisis diplomática a nivel internacional por el asalto a la Embajada de México, las calles militarizadas y una criminalidad disparada que en lo que generó cerca de 8.000 muertes violentas en 2023.

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La convocatoria para este domingo citará a más de 13.654.291 ciudadanos a participar de los comicios, de los cuales 429.165 corresponden a los ecuatorianos que residen en el exterior, de acuerdo a datos aportados por el Consejo Nacional Electoral (CNE). El voto es obligatorio en Ecuador por mandato constitucional.

La población deberá responder “Si” o “No” a 11 preguntas, las cuales estarán divididas en dos bloques: serán cinco preguntas para referendo, es decir que definirá cambios a la Constitución, y seis preguntas para consulta popular, relacionadas a reformas y temas de interés nacional.

Las preguntas orientadas a reformar la Carta Magna abordan la autorización de las Fuerzas Armadas puedan cumplir tareas de policía y cumplir tareas en garantizar la seguridad interior; la extradición para criminales pedidos por otros Estados; y la creación de judicaturas especiales destinadas a revisar pedidos como la “acción de protección” o el habeas corpus.

Además, los ecuatorianos deberán responder si están de acuerdo con reconocer arbitrajes internacionales para resolver “controversias en materia de inversión, contractuales o comerciales”; y si aprueban reformar el Código Laboral para autorizar el trabajo por hora.

En tanto, las preguntas de consulta popular se refieren en general al endurecimiento de penas, al cumplimiento efectivo de las penas y al establecimiento de mayores regulaciones en el control de armas. 

Militares a las calles

En su primera pregunta, el referéndum apunta a modificar la Carta Magna, la cual estipula que las Fuerzas Armadas (FF.AA.) tienen como tarea principal la seguridad externa del país y sólo pueden cumplir tareas de seguridad interior de forma excepcional, con una decisión constitucional del presidente de la república bajo “estado de excepción”, por un plazo determinado. 

Noboa, quien decretó el estado de excepción a menos de 48 horas de la apertura de los centros de votación, asegura que la medida permitirá dar “el golpe más duro que podamos dar a los terroristas y los políticos corruptos que lucran con el dolor de la población”.

Para la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), en cambio, “el uso habitual de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna podría llevar a una militarización de la sociedad, lo cual puede tener implicaciones negativas en términos de derechos humanos y libertades civiles”, y advierten que “la intervención de las Fuerzas Armadas en la seguridad interna ha llevado a situaciones de abuso de poder y violaciones a los derechos humanos, lo cual es un riesgo que debe ser considerado seriamente”.

Al respecto, la socióloga e investigadora del Instituto de Estudios Ecuatorianos, Alejandra Santillana Ortiz, señala que “el despojo que quieren hacernos por la vía de abaratar la fuerza de trabajo, por la vía del extractivismo de la naturaleza, por la vía de ceder soberanía, sólo pueden hacerlo por la vía de la militarización, porque este es un país que ha tenido un campo popular, un movimiento indígena y unas organizaciones que han sido capaces de frenar en gran parte el proyecto neoliberal”.

Arbitraje internacional

El cuarto punto de referéndum aborda un tema sensible para la historia ecuatoriana, debido a la pelea judicial llevada adelante por el Estado ecuatoriano contra la petrolera estadounidense, Texaco-Chevron, en lo referido a la controversia referida por la Cancillería ecuatoriana como “uno de los crímenes ambientales más graves de la historia” y que implicó el derrame de casi 60.000 millones de litros de petróleo en la Amazonía del país suramericano.

La Justicia ecuatoriana condenó a la transnacional a pagar una indemnización por los daños ambientales ocasionados, pero la empresa evitó cumplir con la sentencia y apeló a tribunales internacionales de arbitraje. Por ello, Ecuador fue demandado en 23 ocasiones y tuvo que pagar aproximadamente 3.000 millones de dólares en laudos y enfrentar altos costos para su defensa.

Por ello, la Constitución ecuatoriana redactada en 2008 prohíbe la cesión de soberanía ante instituciones internacionales de arbitraje y pretende ser modificada por el referéndum en pos de favorecer la llegada de inversiones extranjeras.

El abogado Pablo Fajardo, quien representó a los demandantes en el caso Chevron-Texaco, explicó a la audiencia de teleSUR que el arbitraje es un mecanismo utilizado habitualmente por grandes empresas para resolver conflictos con los Estados, pero subrayó que “es preciso entender que los árbitros no son jueces, los árbitros son designados de bufetes de abogados que siempre trabajan con las mismas empresas” y que los procesos arbitrales “se rigen en base a leyes de protección de inversiones”, sin considerar los derechos de la población.

Derechos laborales

Ecuador se enfrenta a miles de despidos. Según información del Ministerio del Trabajo, entre enero y el 5 de febrero de 2024, un total de 83.315 personas perdieron sus trabajos en el país. Por su parte, el Instituto Nacional de Estadísticas de Ecuador (INEC) informa que el desempleo creció en más medio punto desde diciembre del año pasado, ascendiendo del 3,4 por ciento de la población al 4,2 por ciento.

En ese sentido, Ivonne Núñez, ministra de Trabajo de Ecuador, dijo estar convencida de que las circunstancias actuales alientan a una flexibilización de los contratos de empleo, sobre todo para favorecer a los jóvenes, los más afectados por la carestía de fuentes de trabajo.

Con ese fin, en su punto E el referéndum incluye la pregunta: ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución y reformar el Código de Trabajo para el contrato de trabajo a plazo fijo y por horas, cuando se celebre por primera vez entre el mismo empleador y trabajador, sin afectar los derechos adquiridos de los trabajadores, de acuerdo con el Anexo 4?

De aprobarse este 21 de abril el contrato por horas, mediante referéndum, Ecuador podría ser el primer país de América Latina en contar con esta modalidad de contrato laboral, que sí existe en países como España y Estados Unidos (EE.UU.).

Sin embargo, Santillana Ortiz, señaló que diferentes investigaciones del mundo laboral pronostican que “el contrato por hora lo único que va a significar proporcionar fuerzas de trabajo baratas para las empresas, pero va a significar que a la larga no podamos contribuir con la seguridad social, que las empresas no puedan cubrir un derecho básico para nosotros, que perdamos el seguro médico y que además de eso, no nos alcance”.

Proyecciones

De momento, los últimos sondeos indican que se impondría el “Sí” por un margen superior al 10 por ciento en la totalidad de las preguntas, lo cual terminará de confirmarse en el escrutinio definitivo que, según el cronograma electoral, se espera culmine el próximo jueves 25 de abril.

Las cinco preguntas del referendo, que contienen reformas constitucionales, son vinculantes y las modificaciones a la Carta Magna son introducidas de inmediato. 

Las otras seis preguntas del plebiscito deben ser tramitadas por la Asamblea Nacional, que debe conocer y debatir las propuestas del Ejecutivo en un plazo no mayor de 60 días, y aprobar o negar las normas que el mandatario deberá enviar a los asambleístas.

En tanto, Fajardo explicó que la convocatoria del domingo también servirá a manera de plebiscito con respecto al actual mandatario ecuatoriano. Para el especialista, la consulta es utilizada por el primer mandatario para «intentar asegurarse una reelección en 2025, y crearse un capital político mucho más sólido», dado que las mismas encuestadoras que señalan una posición favorable con respecto a la consulta del domingo, indican una caída en la imagen positiva de Noboa.

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